Darío Coral Mora, Miembro Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, mayo 13 de 2020

Desde el principio de la pandemia Dignidad Agropecuaria señaló que el agro no podría parar, porque la naturaleza no para, los cultivos siguen creciendo, el ganado debe ser alimentado y ordeñado, las tareas del campo no pueden detenerse.  Efectivamente la producción agropecuaria no ha parado, aún en medio de cambios inesperados de precios que se vuelve un problema más para los productores, junto con el permanente temor que genera la propia pandemia. Desde el inicio de esta crisis se han presentado periodos con precios que han sido de ruina y sin la certeza de en qué momento pueden volver a ser suficientes para al menos recuperar costos de producción y obtener un margen de ganancia, mientras tanto hay breves momentos de precios favorables, pero que solamente facilitan la especulación con la producción, y solo luego de que los pequeños productores han perdido sus ingresos y sus cosechas.

El peor de los escenarios se presentó con rapidez: precios de ruina en las zonas productoras e incremento de los mismos en las regiones donde existe mayor consumo.  Los precios bajos en zonas productoras se explican por la baja en el consumo de hogares en todo el país junto con el represamiento de la producción al disminuir la cantidad de compradores y también el transporte que bajó de manera significativa sus operaciones.   Además de ello quedó en evidencia la vergonzosa carencia de infraestructura vial y de comunicación de las zonas rurales hacia las ciudades; a la vez, los altos precios en las zonas consumidoras se explican porque justamente la oferta de la producción no estaba llegando de manera permanente a las ciudades.  Dignidad agropecuaria por ejemplo denunció como a los productores de Panela se les compra su producto por el orden de 2.000 Pesos/kilo y en los mercados y tiendas puede llegar a comercializase alrededor de 5.000 Pesos/kilo.

Que el agro no se detenga es obvio, los productores no pueden dejar de desarrollar sus labores, no se puede poner pausa a las relaciones sociales rurales ni mucho menos a la propia naturaleza.  Pero con precios por debajo de los costos de producción solo pueden dar como resultado perdidas de ingreso y destrucción de riqueza, los cultivos o se vendieron muy baratas o simplemente no se cosecharon, la producción no se detuvo, pero si lo ha hecho buena parte del transporte y la comercialización de los productos agropecuarios.

En resumen, los precios de ruina, la baja comercialización debido al transporte y sumado a las deudas y el acoso del sector financiero hacia los productores, generan un problema que desemboca en una crisis de ingresos muy difícil de afrontar por los productores.  Como respuesta a esta crisis se anunció el decreto 486 del 27 de marzo de 2020 expedido por el gobierno nacional, que daba la opción de realizar compras públicas. Por medio del decreto el Estado tomaba recursos para actuar como comprador en el mercado, permitiendo llegar recursos a los productores lo que le daría un empuje a la comercialización.  Ello hubiera podido generar una reactivación del comercio y además permitir salir de alimentos sobrantes en unas zonas, pero que escasean en otras.

Las mencionadas compras deberían haberse realizado por parte de las organizaciones que manejan los recursos parafiscales, como Fedepapa, Fedepanela o Fedegán, bajo la figura de actividades y logística que permitieran garantizar la seguridad alimentaria en medio de la pandemia y que ni siquiera tenían que tocar sus propios recursos sino los del ministerio. Sin embargo, es muy poco lo que se hizo esa posibilidad, aun el ministerio no ha expresado ni las rutas ni los protocolos, ni se ha organizado ningún contrato de importancia en ese sentido.  Una vez más se presenta como un gran logro lo que terminó siendo un mero anuncio, que sin embargo se expresa como se hubiera cumplido.  Una opción que podría haber aliviado en algo las pérdidas de los productores termina siendo solo una promesa más.