I.Agr. Ramiro Camacho B., La Dorada, marzo 12 de 2019

Uno de los “Cuellos de botella” señalados por el Ministro de agricultura a resolver en el “Ordenamiento” del sector lácteo, es el precio de la leche pagado al productor. Las multinacionales pasteurizadoras cada año con mayor volumen vienen presionando al gobierno, la eliminación de la norma actual, para llegar a la “libertad de precios”, exigencia acorde con sus intereses globales. Eliminar la producción nacional para colocar sin estorbos los excedentes de leche subsidiada de sus países de origen o de cualquiera de las sucursales que poseen a lo largo y ancho del mundo.

En el año 1989, el gobierno decide intervenir el precio del litro de leche pagado al primer eslabón de la cadena y expide la Resolución 247, conocida como la 70-30, que sin consultar los costos de producción, amarraba el precio al valor de venta al público de un litro de leche: 70% de ese valor sería el precio pagado al ganadero y el 30% a la Industria que la procesaba.

Sin voluntad y sin herramientas para hacer cumplir la norma por parte del gobierno, esta no tuvo cabal aplicación y los ganaderos continuaron recibiendo el precio discrecional fijado por la industria, al no tener ninguna capacidad de negociación. Rafael Mejía presidente de la SAC en 2014 al referirse a la resolución 247 señaló ““La industria láctea, hoy en poder de muchos industriales extranjeros, logró que este modelo se acabara“.

En 1998, Andrés Pastrana al inicio de su mandato y para “preparar” el Sector Lácteo frente a la oleada de Tratados de Libre Comercio que con su visto bueno, y con la rúbrica de Uribe y Santos se firmaron, convoca una Misión para su estudio, que entregaría sus resultados en el llamado “Acuerdo de Competitividad del Sector Lácteo” en Julio de 1999. Con una aplastante mayoría de voceros del Gobierno y de La Industria y con dos Organizaciones Gremiales de productores con escasa representatividad, presentaron un informe concertado; en el numeral 3.3.A del Acuerdo, Sistema de pago al ganadero, se señala que este debe responder entre otros a los siguientes principios: Apuntar a la libertad de mercado, dar espacio para bonificaciones por calidad, definir su gradualidad de acuerdo con las negociaciones internacionales y ser competitivo internacionalmente. De nuevo se descarta la fijación del precio de pago al productor teniendo como base los costos de producción y se recomendó fijarlo por la oferta y la demanda.

Con una arrevesada fórmula se propuso pagar con precio diferente una cantidad “cuota” y una “excedente”, donde la segunda se pagaría al mismo precio del internacional y diseñaron unas bonificaciones “obligatorias” y otras “voluntarias”. La indignación general en el gremio impidió que esta nueva propuesta se aplicara.

El 20 de Enero de 2012 Minagricultura expide la resolución 017, hoy vigente, que define pagar la leche al productor por su calidad, expresada en la cantidad de sólidos, proteína y grasa más las bonificaciones ya sugeridas. El incremento anual que decreta el gobierno, como el que acaba de hacer del 3,2%, no es al valor del litro de leche entregado por el ganadero, no, es al valor del gramo de cada uno de los componentes de la calidad, tomando como base un índice atado a variables donde el costo de los insumos tiene una pírrica incidencia.

Para definir la bonificación “obligatoria” por calidad higiénica, la industria: toma la muestra de leche, define el laboratorio, recibe resultados y determina su valor. Y los $10 por litro de bonificación “obligatoria” por vacuna contra Brucelosis y Buenas Prácticas Ganaderas no compensan el costo para lograrlas.

Las bonificaciones “voluntarias” que de manera inexplicable aceptaron los voceros de los productores en el Consejo Nacional Lácteo, han sido utilizadas por la industria para burlar los incrementos del precio anual decretado. En Marzo de 2012 estas representaron $149 por litro y en Junio de 2018 tan solo $55.

Hoy, las grandes multinacionales lácteas, abusan de su posición dominante, burlan las bonificaciones voluntarias a los ganaderos, determinan las obligatorias a su discreción, imponen las variables para la fijación del precio base y no satisfechas aún con el 55% del valor de venta al público que se apropian, le exigen al gobierno a gritos, libertad de precios, que seguro, como su buen representante les concederá.

El pago de la leche al productor acorde a los costos de producción es una exigencia justa; el incremento de las importaciones de productos lácteos, logrará que su fijación por la oferta y la demanda, de manera plena, con la libertad de precios, sea su arruina, y los arrastre a hacer parte de la espeluznante foto de los cultivadores de trigo, cebada, sorgo, maíz, soya, muy cerca ya a ser borrados de la lista del agro nacional.

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