La Reforma Laboral y el Agro

Intervención de Oscar Gutiérrez Reyes

El agro colombiano abarca desde grandes agroindustrias que en general cumplen con la normativa laboral, hasta pequeños productores que apenas subsisten y no pueden cubrir ni sus propias prestaciones. Muchos trabajadores agrícolas, especialmente los temporales, carecen de estabilidad, formalidad y derechos básicos, lo que los deja en condiciones de alta vulnerabilidad.

Además, el sector enfrenta múltiples desafíos estructurales: efectos negativos de los TLC, altos costos de insumos, crédito caro, carencia de infraestructura y el impacto del cambio climático. La rentabilidad se ve gravemente afectada, y los precios de venta a menudo no cubren los costos de producción. La situación se agrava con el dominio de multinacionales e intermediarios en la cadena de comercialización, tanto en el mercado interno como externo.

La primera versión de la Reforma Laboral se hundió en el Congreso y el Ministerio del Trabajo presentó una segunda versión, valga señalar, recortada en cuánto a los derechos democráticos de los trabajadores, pero que, en cuanto al capítulo agropecuario de la reforma, no tuvo ninguna variación sustancial y, en ese sentido, de nada sirvieron las propuestas presentadas y los análisis hechos frente al sector agropecuario en la reforma.

Queremos en este artículo resaltar, los aspectos que creemos, en lugar de ayudar a alcanzar los mínimos derechos de los trabajadores agrícolas y los pequeños productores del agro, empeorará su situación y, con la de ellos, la de pequeños y medianos empresarios agrícolas nacionales. ¿De donde nace esta afirmación?  Expliquémoslo brevemente.

El agro colombiano tiene dos grandes modos de producción, uno, anclado aún en formas precapitalistas de producción y otro, con rasgos básicos de los empresarios modernos y desarrollos capitalistas. En ambas formas económicas, campesina y empresarial, se encuentran trabajadores agrícolas, pequeños y medianos productores y, en la empresarial, grandes productores nacionales y extranjeros.

En el sector de los grandes productores nacionales y extranjeros, la mayoría de las explotaciones son agroindustriales y las relaciones laborales, desde hace un tiempo, se rigen por el código sustantivo del trabajo y tienen -entre empresarios y trabajadores- contratos laborales con base en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre las partes. Poseen, esos emprendimientos empresariales, las condiciones necesarias para pagar y pactar con sus trabajadores los mínimos consagrados en las Leyes laborales del país y superarlos en los llamados beneficios extralegales. Se dan en el banano, la caña de azúcar, la palma aceitera, las flores y, escasamente, en otros géneros agrícolas. Existen también en la producción de cerdos, pollos, huevo, peces, maderables y algunas explotaciones ganaderas.

Sin embargo y, debido a la existencia de una economía campesina, indígena, comunitaria y familiar, de pequeños y medianos productores y de empresarios agrícolas nacionales, tenemos en el agro del país una informalidad laboral que cubre más del 84% de los trabajadores del campo. Datos entregados en la exposición de motivos de la reforma laboral, primera versión, son claros.

“Claramente, la cifra más alarmante es la de informalidad, que llega a un 84,2% de los trabajadores rurales, lo que quiere decir que casi la totalidad de los trabajadores del campo no tienen las mínimas garantías y derechos laborales que nuestra legislación consagra y muy seguramente sus ingresos son muy bajos e inseguros, lo que explica los altos índices de pobreza monetaria, monetaria extrema y multidimensional”.

La pregunta es sencilla ¿Podrán los productores agropecuarios de Colombia, entendidos estos como campesinos, indígenas, comunidades afro y empresarios agrícolas nacionales, resolver con los nuevos costos laborales definidos en la propuesta de reforma laboral, mejorar de suyo “la tasa de informalidad y la pobreza monetaria, monetaria extrema y multidimensional” como se expresa en la exposición de motivos? Creemos que no por las siguientes razones:

Nuestros productores, todos, están sometidos a la competencia desleal y subsidiada de los Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones con las que tenemos suscritos Tratados de Libre Comercio, TLC, y, mientras ello sea así, no será posible alcanzar condiciones laborales que venzan las desigualdades económicas, la inestabilidad en los ingresos y las quiebras continúas de nuestros productores. Esas desigualdades incluyen los costos laborales y, por ello, no es extraño que los Estados Unidos respalde la reforma. https://co.usembassy.gov/es/comunicado-de-la-embajada-sobre-las-discusiones-de-la-reforma-laboral-en-colombia/#

Mientras los productores nacionales no dispongan de precios piso que les permitan recoger sus costos de producción, incluidos los laborales y obtener una tasa de ganancia en su actividad, no será posible alcanzar una formalidad laboral que garantice las nuevas obligaciones derivadas de la propuesta, segunda versión, de reforma laboral del gobierno.

Propuestas desde Dignidad Agropecuaria Colombiana

1. Precios piso obligatorios que garanticen la rentabilidad de los productores y permitan cubrir todos los costos, incluidos los laborales.
2. Renegociación de los TLC, que han deteriorado la producción nacional al permitir el ingreso de productos subsidiados del exterior.
3. Creación del Fondo Nacional de Pensiones del Sector Agropecuario (FNPSA), financiado por el Estado, empresarios, comercializadores y trabajadores, para cubrir pensiones de pequeños productores y obreros del agro.
4. Cobertura estatal de riesgos laborales y salud para trabajadores rurales temporales u ocasionales, ajustando el SISBEN para este propósito.
5. Implementación progresiva de otras prestaciones, según la capacidad económica del productor y la evolución de los precios del mercado.
6. Mesa técnica de concertación, con participación del Gobierno, el Congreso y organizaciones agropecuarias, para analizar a fondo la reforma y sus impactos.

Conclusión

La reforma laboral debe considerar la realidad del campo colombiano. Sin apoyo estatal, regulación de precios y renegociación de los TLC, la aplicación plena de la reforma puede llevar a la quiebra de miles de pequeños y medianos productores. Es urgente construir soluciones integrales que garanticen derechos laborales sin poner en riesgo la producción y seguridad alimentaria del país.