Mayo 15, 2023

Óscar Gutiérrez

Director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana. ogutier51@admin

Hace 11 años, en un día nefasto para los intereses de Colombia y de los colombianos, se inició el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Un balance en relación con la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra patria es de gran importancia para alcanzar mayor comprensión y enfrentar, de mejor manera, la lucha por el cambio que se requiere.

¿Qué es, para nosotros, la soberanía alimentaria? En la definición nos estamos refiriendo al derecho que tienen las naciones, los países, los Estados de definir, de acuerdo con sus usos y costumbres, la producción de los alimentos que nutrirán a su población. Para eso, deben gozar de la necesaria independencia que les permita concretar políticas públicas agropecuarias. 

Estas estrategias de ordenamiento de la producción deben permitirles ser autosuficientes, ambientalmente sostenibles, con apropiados canales de comercialización, almacenamiento, crédito, ciencia y tecnología y demás elementos para construir y disfrutar de una agricultura próspera que produzca alimentos suficientes y que, además, facilite el desarrollo nacional.

Con base en este criterio expliquemos en qué consiste, para nosotros, la seguridad alimentaria. Lo primero a señalar es que el concepto es contrario a la definición de la FAO, que, si bien define la seguridad alimentaria como la certeza de que todos los habitantes tengan acceso a alimentos suficientes, sin importar las limitaciones sociales, económicas o de espacio en el territorio nacional, desconoce que sean los pueblos, naciones, Estados y sobre todo los productores nacionales los que garanticen dicho acceso.

En nuestro concepto, la seguridad alimentaria requiere que sean los productores agropecuarios del país quienes cultiven sus tierras y produzcan los diversos víveres que abastezcan a la población, garantizando que no se presenten hambrunas ni se entreguen provisiones con base en la importación de productos del agro. La seguridad está, entonces, definida por la producción interna, el cuidado del mercado nacional para los productores nacionales y la garantía de fomentar el desarrollo agropecuario propio.

Colombia dispone de tierra, agua, semillas, productores y trabajadores indispensables para alcanzar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria. Miremos ahora, de cara a estos criterios, qué es lo que significa el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Señalemos que el objetivo final del TLC es alcanzar el ingreso de todo tipo de mercancías, con cero aranceles, al mercado nacional. Eso implica poner en igualdad de condiciones la producción agrícola e industrial de Colombia con la de los Estados Unidos, haciendo caso omiso de las profundas diferencias en cuanto al desarrollo económico, técnico, científico, de infraestructura, de ingreso y de capacidad de compra de los habitantes de ambos países. 

Los gobiernos de Uribe —que inició las negociaciones— y de Santos —que finalmente lo puso en ejecución— sostuvieron que en la producción agropecuaria se iban a presentar grandes beneficios para el país, ya que se tendría acceso a un mercado de más de 300 millones de consumidores con una enorme capacidad de compra. 

En la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (ver enlace aquí) se afirma, sin rubor, lo siguiente: “Para este sector se abrieron grandes oportunidades de exportación, por cuanto se lograron mecanismos para asegurar el acceso real y esquemas de protección para los productos sensibles”.  

A lo anterior se añade que, “dentro de los nuevos productos que Colombia exportó a Estados Unidos, se encuentran la chirimoya, […] aceites de hígado de pescado, maracuyá, mora…” , y se afirma que tendrán acceso, además de los anteriores productos, “flores, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y sus derivados, preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y chocolate, panela, hierbas aromáticas, café y algodón”. 

Valga la pena señalar que el algodón fue el primer sacrificado con la apertura económica y posteriormente con los TLC. Pasamos de sembrar poco más de 280 mil hectáreas, en 1990, a menos de 15.000 en 2022.      

De los demás productos “beneficiados” señalemos que varios ya se exportaban a los Estados Unidos, en mayor o menor cantidad, antes de la firma del Tratado. Así que no hay nuevo acceso ni mayor diversificación de nuestra oferta exportable. Y en otros casos, como los del azúcar, etanol, pastas y galletería, cacao y chocolate, más que exportar terminamos importando, no solo de los Estados Unidos sino también de otros países.    

Ante la pregunta sobre “¿cómo se protegen los renglones agrícolas sensibles?”, la respuesta del Ministerio fue la siguiente “El TLC establece mecanismos de protección como salvaguardias automáticas, amplios plazos de desgravación, contingentes arancelarios y periodos de gracia para la agricultura colombiana, sensible en casos de enfrentar condiciones de competencia adversas”. 

La conclusión es que pasamos de importar 500 mil toneladas de alimentos, en 1990, a más de 9 millones 300 mil en 2012 (ver cuadro A11 en este enlace) y más de 14 millones 720 mil toneladas (ver cuadro A9 en este enlace) en 2022. Estas cifras incluyen Alimentos y animales vivos, Bebidas y tabacos, Semillas y frutas oleaginosas y Aceites y grasas.

En estas condiciones, y con las cifras reales, tenemos que se han dejado de cultivar más de un millón y medio de hectáreas de diversos cultivos, pero especialmente de cereales, oleaginosas y leguminosas, y que se ha aumentado la importación de carne de cerdo, pollo y productos lácteos. 

Esto ha implicado desempleo, la expulsión de más de un millón de campesinos y productores agropecuarios y el aumento de la miseria y la pobreza en la ruralidad colombiana. Las cifras del DANE ilustran esa realidad.

En estas condiciones, solo nos queda insistir en la necesidad de revisar y renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ya que, de no hacerlo, seguiremos perdiendo la seguridad y la soberanía alimentaria. 

Un panorama muy oscuro para nuestros campesinos, indígenas, empresarios agrícolas nacionales y trabajadores se extiende sobre el sector y el país. Y, más aún, si el gobierno actual se empeña en no renegociar el Tratado.