Inti Mesias Barrera, Politólogo, Candidato a Magister en Ordenamiento Urbano Regional
Universidad Nacional de Colombia.

Durante más de veinte años, gobiernos y organismos multilaterales han promovido una receta que busca destruir el sector agropecuario nacional. Los ingredientes más usados han sido el desmonte de los incentivos a la producción agropecuaria, la firma de Tratados de Libre Comercio y la desprotección del aparato productivo nacional. Las implicaciones de esta preparación antinacional se hacen visibles en la comida que ponemos a diario los colombianos en la mesa: Todo el garbanzo, la arveja seca, la lenteja y la cebada son extranjeros; además, el 95% de trigo, el 75% de maíz, el 90% de soja, el 90% de sorgo, el 80% de algodón, entre otros. Pasamos de importar 1,7 millones de toneladas de productos agropecuarios en la década de los 90 a más de 10 millones de toneladas en la actualidad.

La desaparición del agro nacional no es un tema de poca monta, ya que no sólo afecta a 12 millones de colombianos que derivan su sustento del sector, sino que constriñe la autonomía del país que se ve obligado a depender de otras naciones para alimentar a los ciudadanos. Situación, que como lo ha demostrado con suficiencia la historia, es nefasta para el progreso de las naciones.

A esta receta neoliberal, se le ha enfrentado todo un guisado criollo en defensa del agro nacional, sazonado con innumerables voces y acciones; su ingrediente más recordado es el Paro Nacional Agropecuario del 2013, que aunque fue negado por el Presidente Juan Manuel Santos con la célebre frase “el tal paro no existe”, logró arrancarle al gobierno importantes medidas en defensa del sector.

Si bien el éxito del paro es innegable, la única forma de detener la política encaminada a acabar el agro nacional es cambiando el modelo que rige el sector en Colombia. Con esta intensión, Dignidad Agropecuaria, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Central General de Trabajadores, Acción Campesina, La Coordinadora Nacional Agraria y otro gran número de organizaciones, pretenden agregarle un condimento de calidad al guiso en defensa del agro criollo: Un referendo para modificar la Constitución Política de Colombia.

Referendo que pretende reformar los artículos 64, 65, 66 y 100 de la Constitución Política, con el propósito de,

1. Incorporar un mandato directo que obligue al Estado a proteger y a fomentar la producción nacional agraria (pequeña, mediana y grande), y el trabajo que de ella se deriva.
2. Darle prioridad a la producción y al trabajo nacional agrario por encima de los acuerdos comerciales internacionales (TLC), frente a los cuales prevalecerán tanto la producción y el trabajo nacional agrario, como la soberanía alimentaria, agropecuaria, acuífera, pecuaria, forestal.
3. Establecer el crédito agrícola como mecanismo indispensable para el desarrollo agrario.
4. Brindarle una protección especial a la producción y al trabajo nacional, al tiempo que limitar el uso y explotación de la tierra por parte de extranjeros.

Una vez aprobada la iniciativa del Referendo por la Registraduría Nacional, los promotores tienen seis (6) meses para recolectar más de tres (3) millones de firmas y así poder llevar la propuesta al Congreso, quien discutirá si acepta la convocatoria al referendo, sin tener la posibilidad de cambiar el texto promovido. Si el referendo cuenta, por lo menos, con el apoyo social que logró el paro del 2013 acompañado de movilización social, a los “padres de la patria” les quedará muy difícil oponerse a esta iniciativa popular.

Se está cocinando toda una estrategia para detener la política de exterminio agropecuario. Es tarea de todos los colombianos, promover y defender el desarrollo nacional, debemos ponernos el “delantal” por el campo, apoyando, firmando e impulsando el referendo por el Agro Nacional.