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Saludo de año nuevo: Los retos del Agro Nacional para 2019

Oscar Gutiérrez Reyes, Director Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana, Manizales, diciembre 29 de 2018

A los amigos de Dignidad Agropecuaria y a los productores agrícolas y pecuarios del país, les envío este saludo de año nuevo con un balance del año que termina y algunos de los retos que deben enfrentarse en este que comienza. Empecemos por analizar los cada día más evidentes cambios económicos en la producción de alimentos y su relación con los agronegocios.

I

Algunas características del agro en el mundo

La primera característica es que el negocio de los alimentos es, cada vez más, un negocio de integración vertical mundial en el que los que lo controlan -desde la producción de semillas hasta poner alimentos en el plato del consumidor- son poderosos monopolios del capital financiero, fondos de inversión, compañías de financiamiento comercial, tenedores de bonos de deuda pública, aseguradoras y todos los que, haciendo uso de los mecanismos propios de especulación -en las bolsas de valores y por fuera de ellas- imponen los precios de compra y venta de los bienes básicos, los suben y los bajan a su albedrio, fijan las condiciones de intercambio, definen escasez y abundancia y, en medio de ese poderoso control, actúan para incrementar su tasa de ganancia. Desde las grandes corporaciones financieras reparten hambre, miseria y explotación para millones de productores y centenares de millones de consumidores, y opulencia para una minoría que no alcanza a ser el 1% de la población mundial.

La segunda característica es que ese control vertical global del negocio de los alimentos les permite succionar riqueza en todos los procesos de la producción, en la transformación de las materias primas agroindustriales, el transporte, empaque, distribución mayorista, comercialización y comercio minorista a través de grandes superficies y tiendas de barrio.

Los productores son sometidos de diversas maneras. Unos por el camino de la agricultura por contrato, otros en los mercados “libres” donde prima -más que la oferta y la demanda- la especulación financiera; aquellos que son saqueados a través de paquetes tecnológicos y los demás obligados a vender su producción sin poder agregar valor a la misma a través de procesos agroindustriales.

Basta con mirar lo que sucede en el café para comprender como tres o cuatro multinacionales controlan el 80% de la torrefacción, distribución y comercialización del grano en Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá. Los productores escasamente colocan unos pocos miles de sacos de café directamente o a través de acuerdos de Comercio Justo, pero, la verdad, ese comercio tampoco alcanza precios que permitan dignificar el ingreso de los productores. En carta enviada por Dignidad Agropecuaria al comisionado de la Unión Europea se explicó como el ingreso de los productores es hoy menos de un tercio, a precios constantes, del de 1983. En ese año pagaban US$1,40 por libra. Hoy pagan US$ 1 dólar y menos cuando deberían pagar para recoger la inflación entre US$ 2.90 y US$ 3.10 la libra. Esto que sucede en el café, sucede también en el resto de los commodities agrícolas.

Otras formas de control están ligadas al manejo del crédito, las tasas de interés, el precio y uso de fertilizantes, el costo de maquinaria e infraestructura por medio de la cual perpetúan medios atrasados para producir, negando posibilidades de desarrollar formas y técnicas avanzadas, propias y ecológicamente sostenibles. Con este entramado de mecanismos de dominación, los productores, sean campesinos o granjeros, indígenas, afros o empresarios no monopolistas, han terminado convertidos en una especie de nuevos “siervos de la gleba” sometidos no solamente a los grandes propietarios sino, fundamentalmente, a los señores del capital financiero.

La tercera característica es el sometimiento de la agricultura mundial a modelos agrícolas que incluyen la uniformidad productiva, la eliminación de la diversidad en las semillas a través de la imposición de variedades genéticamente modificadas, el cambio en los usos, las costumbres y los hábitos alimenticios de los pueblos del mundo y la política imperialista que pretende manejar -monopolicamente- los alimentos que consumen los siete mil millones de habitantes del planeta. En este asunto, los Tratados de Libre Comercio (TLC) son el ariete que les garantiza control sobre los mercados nacionales y dominio sobre los alimentos básicos para la nutrición de los pueblos.

Fomentar una política agropecuaria que garantice la independencia productiva y el cuidado de nuestras semillas, formas y maneras de producir los alimentos y hasta los hábitos alimenticios de nuestro pueblo y hacerlo enfrentando los TLC, es nuestro primer reto. La primera tarea es el balance, que debe hacerse en detalle, de los TLC suscritos. Abrir la puerta de ingreso a la comisión parlamentaria encargada de hacer el balance de los TLC suscritos y lograr que la voz de Dignidad Agropecuaria sea escuchada, es parte de la hoja de ruta de 2019.

 

II

 

Algunos rasgos de la situación nacional agraria

 

Si en el mundo la situación se puede resumir como la toma de la producción de los alimentos por el capital financiero, en Colombia vamos hacia allá. Desde la aplicación de las políticas de apertura y libre mercado en la administración de César Gaviria y hasta nuestros días, lo que se ve, por un lado, es la destrucción de la agricultura colombiana destinada a producir la dieta básica; y, por el otro lado, el sostenimiento de unos pocos productos tropicales para exportarlos como materias primas: café, banano, flores, palma para aceites y diésel vegetal, azúcar para etanol, dos o tres frutas y árboles; todo bajo la teoría de la ventaja comparativa.

Los datos son relevantes: se pasó de importar 400 mil toneladas de productos agrícolas en 1990 a 12,8 millones de toneladas en 2017. Una cifra mayor se dará en 2018. Se dejaron de sembrar más de un millón y medio de hectáreas con algodón, trigo, cebada, maíz, sorgo, soya, maíz amarillo, ajonjolí y otros para aumentar esas, o un poco más de hectáreas, con los productos tropicales de exportación antes mencionados. La participación de la producción agropecuaria -incluida la ganadería- en el PIB nacional pasó del 25% en 1990 al 7% en 2017. En cuanto a la tenencia de la tierra, está se concentró aún más.

En lugar de disminuir, aumentó la pobreza y miseria en las zonas rurales del país. Ningún progreso sustancial se presenta en salud, educación, infraestructura básica, agua potable, vivienda y otros bienes y servicios en vastas regiones del país y -donde se presentan mejoras- no son las que se requieren para tener un agro próspero y desarrollado. Un indicador que deja ver la condición en que se encuentra el agro nacional, a más de la distribución de la tierra, es aquel que señala que el promedio de ingreso de una familia campesina es de menos de medio salario mínimo legal mensual.

 

En esas condiciones las afectaciones derivadas del cambio en la política agrícola -por la adopción de la apertura económica y el libre mercado- obligan a cambiarla y tomar el camino de la sustitución de importaciones. Una gran campaña para luchar por el cambio en la política agrícola debe adelantarse. Es otro reto, tal vez el principal, que debe asumir Dignidad Agropecuaria y proponer a las organizaciones del sector, en 2019.

 

La nación debe empeñarse en un programa de mediano y largo alcance que tenga como norte la expansión de la producción agropecuaria dirigida a producir los alimentos y materias primas agrícolas que importamos. Un plan que debe empezar por redefinir el papel del Estado en la producción agropecuaria. La esencia debe ser que sólo se importará lo que falte para abastecer, adecuadamente, el mercado nacional.

El eje en la formación de los precios de todas las actividades productivas agropecuarias se definirá sobre la base de evaluar los costos de producción y garantizar una debida tasa de ganancia para el productor, de manera tal que el ingreso permita fortalecer la capacidad económica, técnica y productiva de los agricultores nacionales. A eso deberá agregarse una redefinición del papel del crédito en la producción agrícola, la investigación tecnológica apropiada a nuestra realidad, el uso de fertilizantes, insumos y semillas nacionales diversas, el riego y demás bienes públicos indispensables para la labor agraria. Un programa de estas características permitirá que florezca la producción nacional, abaratar los alimentos y llevar trabajo, progreso y bienestar al campo colombiano.

 

III

 

Otros asuntos de interés para los agricultores

 

Dos asuntos más deben considerarse. Uno, el relacionado con la condena -al gobierno nacional- por negarse a suscribir la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Trabajadores de Zonas Rurales. De verdad, alegar, como lo hace el gobierno colombiano, que esa declaración está por encima de la Constitución Nacional -lo que no es cierto-, pero además hacerlo a sabiendas de que la suscripción no es vinculante, es una afrenta para los más de cinco millones de campesinos del país. Sin embargo, lo más grave no es eso. Lo grave es el argumento de que reconocer esos derechos se contrapone con las políticas comerciales acordadas por Colombia, es decir, con los Tratados de Libre Comercio suscritos. Ahí el asunto es más grave. La vulneración a la soberanía nacional es evidente y descarada.

 

El segundo aspecto es la aprobación y desarrollo que tendrá la Ley Zidres y los decretos reglamentarios, y las implicaciones que tiene las decisiones de la UPRA en los cambios en la vocación de las tierras agrícolas del país. El empeño en promover el cambio del uso -de lo que se siembra y cultiva- en las tierras agrícolas del país es muy grave. Una política que pretende hacer énfasis en cultivos tropicales, excluir de grandes extensiones la siembra de dieta básica y concentrar los esfuerzos y los escasos recursos para incentivar productos exóticos -los que tengan ventajas comparativas- para la exportación. Esto significa renunciar a producir todo lo que podemos producir, con independencia de los precios en los mercados internacionales. Las Zonas Zidres que hacen parte de la política propuesta por Santos, y desarrollada por Duque, conlleva la creación de enclaves territoriales al servicio de grandes multinacionales en vastas zonas del país. Es necesario promover la comprensión y resistencia al modelo de gran explotación de monocultivos que se quiere implementar respondiendo a la nueva división del trabajo y los mercados agrícolas mundiales.

 

Finalicemos este mensaje resaltando que el año que termina fue de acciones continuas en defensa de los intereses de cafeteros, arroceros, paneleros, productores de lácteos y otros más frente a sus problemas particulares. Con el cambio de gobierno debimos enfrentar la reforma tributaria, altamente lesiva para los productores agropecuarios, de haberse aprobado como se presentó. Se hizo la lucha que se pudo y nos centramos en enfrentar la confusión que se presenta, entre los productores agropecuarios, por las posiciones derivadas del cambio de Gobierno.

Ante esta realidad, que de alguna manera nos agobia, solo queda la resistencia civilizada y organizada de los productores del agro nacional. Debe buscarse un haz de voluntades que permita unir a la gran mayoría de los productores, elaborar una propuesta que recoja las aspiraciones de los diversos sectores y concretar un plan de acción que eleve los reclamos ante el gobierno y, si no hay soluciones, genere la movilización social del sector en búsqueda de sus derechos.

 

Preparemos la reunión de la Dirección Nacional de Delegados de Dignidad Agropecuaria que se realizará el 23 de enero. Hagamos de la misma un escenario de definiciones sobre la hoja de ruta para 2019. Acometamos con decisión los retos que posibiliten el progreso del agro nacional.

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