Eudoro Alvarez Cohecha, Villavicencio, marzo 7 de 2019

No son de menor cuantía los anuncios y decisiones que en materia de política arrocera viene haciendo el gobierno actual; en enero en el Consejo Nacional del Arroz, delineo lo que el ministro Valencia denominó el “plan de ordenamiento de la producción”, uno de cuyos componentes es   la disminución del área arrocera, para que sumados los inventarios a diciembre de 2018ª la producción proyectada para 2019, más las importaciones provenientes de USA, Ecuador y Perú y restado el consumo nacional, no se llegue a excedentes que deterioren el precio nacional; esta misma iniciativa la defendió el pasado 28 de febrero en Villavicencio, en donde dio inicio a una gira de socialización de sus propuestas por todas las zonas arroceras del país.

Ocurre, sin embargo, que tanto las importaciones de USA como las provenientes de los países vecinos nombrados, han sido pactadas con cupos que se van aumentado año tras año, hasta tornarse indefinidas desde 2022 en adelante las de Perú y Ecuador y a partir de 2030 las de USA. Vistas así las cosas, Colombia, deberá ceder áreas para que las crecientes importaciones extranjeras de arroz tengan cupo en el mercado nacional.

El ministro Valencia, insiste en que se trata de aprovechar las condiciones negociadas en los TLC referidos, para terminar exportándoles arroz a Ecuador y Perú, guardando silencio en el caso del arroz norteamericano.

Es claro que con precios más altos del arroz ecuatoriano y peruano, en la coyuntura, se sigue trayendo arroz proveniente de esos dos países, seguramente haciéndolo con dólar no oficial, constituyendo un contrabando técnico y muy seguramente con altos visos de criminalidad.

En el caso del arroz norteamericano, los altísimos subsidios que otorga dicha país a sus agricultores, oscilantes entre el 38 y el 42%, no le da oportunidad al producto nacional de competir en condiciones de equidad y mientras ello subsista, nos inundarán con ese arroz tan pronto se llegue a la condición de cupos ilimitados e inexistencia de aranceles de protección. Lo planteado inicialmente como un “ordenamiento de la producción”, es un subterfugio que oculta el direccionamiento real de la política propuesta, que como lo señalamos busca reemplazar la producción nacional, agravando la situación de más de 200 municipios y cerca de 2.5 millones de colombianos, dependientes directa o indirectamente de este preciado cereal.

Insiste el minagricultura en sus disertaciones, en que mediante esfuerzos en productividad, (rendimiento por área), tendremos competitividad ante el producto extranjero; olvida el alto funcionario que los costos que se tengan en el cultivo serán determinantes de la competitividad y en esto último, el país tiene pendientes tareas que tardarán años en ser realizadas: costo de insumos y semillas, tasa de interés del crédito y acceso al mismo, precio de combustibles, peajes y fletes, costo del agua, inversión en investigación, régimen fiscal, vías secundarias y terciarias, seguros de cosecha, entre otros, son parte del costo país, del broche para afuera, que no son determinados por el productor y su incidencia es nula, siendo trabajo del gobierno, que siempre en los discursos de competitividad son omitidos por los altos funcionarios, responsables de los mismos.

El ministro de Duque, insiste y persiste en la misma política que se viene agenciando desde los distintos y sucesivos gobiernos anteriores desde Cesar Gaviria hasta el recientemente culminado de Santos; resulta obvio que si se insiste en lo mismo, los resultados serán iguales.