Oscar Gutiérrez Reyes*

Un asunto objeto de grandes discusiones durante la campaña electoral fue el de la revisión de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Con más o con menos énfasis y claridad, todos los candidatos presidenciales fijaron posición frente al tema. De alguna manera se recogía en los debates, las acciones que las organizaciones sociales, gremiales y dirigentes políticos adelantaron frente al “libre mercado” impuesto al país desde 1990 con la apertura económica y extendido a todos los asuntos de la vida nacional con la firma de los Tratados de Libre Comercio.

Crítica que se centra en los graves daños que los TLC causan, como aspecto principal, al desarrollo del agro y la industria, pero que perjudican también otros sectores de suprema importancia para la vida nacional. Antes de la negociación, el gobierno de Uribe publicó un cuadernillo que llamó “Matriz de asuntos e intereses” en el que señaló: “se encuentra en el cuadernillo el listado de más de trescientos asuntos que hasta el momento ha identificado el Equipo Negociador, que serán materia de la negociación del TLC en las veintitrés mesas temáticas”.

Cada una de las 23 mesas tenían decenas de temas para negociar para un total de 406 temas sobre asuntos claves para los sectores estratégicos del país. Durante la negociación y con el texto final del tratado quedó claro que la economía colombiana, sus relaciones internas y externas, el progreso real de su industria, su agro y el bienestar de su pueblo, al igual que el desarrollo de sus fuerzas productivas, la creatividad de su población y la propiedad intelectual de sus científicos e investigadores y el acceso al conocimiento científico universal y a su aplicación en aras del progreso social colombiano, quedaban subordinados a las decisiones pactadas en el TLC.

Se profundizaba así la pérdida de la soberanía y la autodeterminación de la nación colombiana. Al elevarlo a tratado internacional se sometían las decisiones de Estado, el comercio internacional, las compras públicas y demás políticas nacionales a lo que dijera el TLC.

La Nación quedó maniatada a las decisiones pactadas lo que ha traído gravísimas consecuencias para la producción industrial, agroindustrial, agropecuaria nacional y para las relaciones del agro con los asuntos ambientales, la propiedad intelectual, las compras públicas, las normas sanitarias y fitosanitarias, el acceso a mercados y los demás asuntos definidos en la mesa de agricultura.

 En esas condiciones, la pregunta es ¿qué es lo que debe renegociarse del TLC con los Estados Unidos? Y aquí, seguramente, aparecen las diferencias que permiten saber si de lo que se trata es de construir relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas en las que las normas sean el respeto mutuo y las condiciones de igualdad en los intercambios comerciales para garantizar el beneficio recíproco para las economías de ambas naciones y para las inversiones.

Ello implicaría que el primer asunto a renegociar sería el de acceso a mercados en el cual la norma guía debe ser que se acuerde un estricto respeto al mercado interno de cada nación en aquellos bienes y productos que son capaces de producir o en los que, por razones de carácter estratégico, la búsqueda del progreso o el bienestar de su población, cada Estado decida reservarse.

Es de soberanía de los Estados nacionales definir qué sectores de su economía someten a la competencia extranjera y cuales están vedados para esa competencia. Es de nuestro interés, a la luz de la evidencia histórica, señalar los daños causados por el libre comercio y los tratados de libre comercio a la agricultura colombiana. Para ello, se hará una revisión histórica que permita el análisis de las políticas públicas y los hechos económicos -sustentado en estadísticas, hasta donde ello sea posible.

 Este análisis permitirá comprobar, en cuanto a la producción agrícola y pecuaria, la pérdida del mercado interno para los productores del país, que los lleva a una condición de subyugación frente a la competencia extranjera, principalmente, estadounidense. En el territorio de lo que hoy es Colombia, tenemos un Estado nacional cuya conformación comenzó con la revolución de la Independencia. Sin embargo, la tarea de eliminar el feudalismo económico que España trajo a América, no se realizó.

Naciones como la nuestra no lograron alcanzar un desarrollo capitalista ni garantizar la soberanía nacional y, durante casi un siglo y medio o más, los colombianos adelantaron diversas movilizaciones y luchas con el ánimo de resolver la profunda inequidad en la propiedad de la tierra. Sin embargo, la tarea no se completó y la pérdida de soberanía hizo más difícil ese propósito.

La poca propiedad en manos de campesinos, indígenas, comunidades afros y empresarios nacionales del campo se alcanzó en medio de grandes luchas sociales, pacíficas y no pacíficas, o de gestas heroicas de colonizadores de extensos territorios del país, aunque no todas con igual éxito en el reparto de la propiedad. Hoy tenemos un inmenso minifundio y un extenso latifundio.

Una de las mayores desigualdades del mundo en la tenencia y uso de la tierra. Sin embargo, sucesos acaecidos en la década del cincuenta del siglo XX, tanto en la vida nacional como en la internacional, llevaron a que los gobernantes del país aceptaran una serie de políticas públicas conocidas como la Alianza para el Progreso útiles a sus intereses, pero, sobre todo, útiles a los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos.

Esas políticas públicas tenían como norte desarrollar algunos sectores del agro y la industria que permitieran crear riqueza y desarrollo de fuerzas productivas, aumentar el ingreso de millones de personas en América Latina y acrecentar utilidades y beneficios de las multinacionales estadounidenses. Mirar Carta de Punta del Este, Objetivos 4,5 y 6 (1961)2 Para dar sustento económico a la Alianza se define la relación del capital extranjero con las naciones que firman la Carta de Punta del Este en los siguientes términos: “Que los países latinoamericanos obtengan suficiente ayuda financiera del exterior, incluyendo una parte sustancial en condiciones flexibles con respecto a plazos y términos de amortización y modos de utilización, para complementar la formación del capital nacional y reforzar la capacidad importadora de dichos países; y que, en apoyo de programas bien concebidos, que comprendan las reformas estructurales necesarias y las medidas para la movilización de recursos nacionales, se ponga a disposición de los países latinoamericanos un aporte de capital de todas las fuentes exteriores, durante los primeros diez años, de por lo menos veinte mil millones de dólares, dando prioridad a los países de menor desarrollo relativo”. (Título II, Desarrollo Económico y Social, Capítulo I. Requisitos básicos para el desarrollo, numeral 4).

Las estadísticas de los años 1950 al 2000, ilustran los aspectos más relevantes de la política de sustituir importaciones en lo que podría llamarse el sector moderno de la producción agraria concentrada en los cultivos transitorios y en algunos permanentes: palma, flores, banano y caña. Es claro, el crecimiento del valor porcentual de los productos transitorios: arroz, cebada, maíz, sorgo, trigo, ajonjolí, frijol, soya, algodón, papa, tabaco rubio y hortalizas. Crecen también los llamados productos exportables, en especial, flores, palma aceitera y banano.

Pero, a partir de 1990 hay un fuerte y prolongado retroceso en los cultivos –incluso en algunos exportables como el cacao– que son sometidos a la competencia derivada de las políticas de apertura económica implementadas a partir de ese año.

Los crecimientos que se presentan en los cultivos permanentes para la exportación, los decrecimientos en los cultivos transitorios (trigo, cebada, maíz, soya, sorgo, ajonjolí, algodón, fríjol, tabaco rubio y hortalizas) y el comportamiento del sector bovino y porcino entre 1990 y 2000 reflejan hechos relacionados con difíciles situaciones que se presentaron en muchas zonas agrarias. En especial, con la política de apertura económica, de reemplazo de la producción nacional, que lleva a los TLC y a la pérdida de empleos, a la destrucción de riqueza y a impedir la creación de nueva riqueza social agraria.

En otros objetivos planteados por la Alianza para el Progreso como el reparto democrático de la tierra, la dotación de bienes públicos, el control de precios de los insumos poco, poco, en la compra de cosechas, la irrigación del crédito y la asistencia técnica, los avances fueron escasos. En la tabla 1 es más claro aún que la implementación de los TLC arrinconó la producción agraria nacional en casi todos los cultivos transitorios que son, fundamentalmente, los que responden por la dieta básica de los colombianos. Esa situación disparó las importaciones desde la entrada en vigencia de los tratados, sacó de la producción más de un millón de hectáreas, con las secuelas de desempleo, hambre y miseria en las zonas rurales de todo el país.

Una cifra bastante conocida en el debate nacional deja claro que en 1990 éramos autosuficientes y, prácticamente, de las 500 mil toneladas que importábamos, la mayoría era trigo. Comparado con las cifras de 2021 que señalan importaciones de alimentos cercanas a los catorce millones de toneladas de todo tipo de alimentos pero que, analizado en detalle, se evidencia que lo que se importa es la dieta básica de los colombianos.

 Casi todos los cereales, buena parte de las oleaginosas, una parte sustancial de las leguminosas, carne de cerdo, pescado, leche y sus derivados, además, de todo tipo de alimentos procesados y ultra procesados.

 El gobierno de César Gaviria y los sucesivos aplicaron esta política. Los datos expuestos permiten corroborar que el crecimiento de la producción agropecuaria en los sectores de cultivos permanentes -en especial los de exportación como banano, café, palma aceitera, azúcar y flores– es variable, dependiendo de las fluctuaciones en el mercado internacional.

En el caso del café que viene, al igual que el cacao, de más a menos, ambos tienen una recuperación en los últimos años, pero que, de ninguna manera compensa, la caída prolongada en tabaco negro, caña panelera, fique, coco y otros frutales. Las pérdidas están, también, en el detrimento del conocimiento técnico y científico, en el abandono de la investigación para mejorar los alimentos y para el avance de la agroindustria, en el uso de maquinaria agrícola que permita alcanzar mayor productividad, la producción de abonos químicos y orgánicos y de otros insumos dejados de producir en el país.

 Aunque la población del país se duplicó en los últimos 30 años, el aporte de la producción agropecuaria al producto interno bruto (PIB) del país se redujo del 24% en la década de 1990 al 8% en la del 2020. Esta es la más estricta prueba de los graves daños de la política de ¡vivan las Importaciones! impuesta por los organismos internacionales de crédito y la potencia hegemónica que mangonea a la nación.

En el análisis hecho debemos señalar que, la población de Colombia en 1990 era de 34.1 millones y en 2021, 51 millones, es decir que creció el 66%. Al comparar las cifras de áreas cultivadas tenemos 3 millones 375 mil hectáreas en 1990, 4 millones 610 mil en 2017 y 5 millones 300 mil hectáreas en 2021, con un crecimiento de 70%.

La cantidad de toneladas producidas de todos los cultivos fue de 19 millones 78 mil toneladas en 1990, de 30 millones 715 mil toneladas en 2017, y 35 millones de toneladas en 2021; o sea que creció tan solo el 56%. Pero, además, cuando se desagrega producción y áreas sembradas lo que encontramos es que crecen los cultivos permanentes y decrecen los transitorios, unos son café, palma, azúcar, bananos, flores y los otros son cereales y oleaginosas que es lo que, fundamentalmente, se importa. Se alimenta a los colombianos con comida extranjera en lo que a la dieta básica se refiere. Pasan ya de 14 millones de toneladas lo importado y aun así se insiste en mantener los TLC.

Frente a esta realidad, lo que Colombia debe renegociar con los Estados Unidos en el tema agropecuario son los capítulos de acceso a mercados, agricultura, asuntos ambientales, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual y compras del sector público. Seguramente será necesario revisar otros aspectos del tratado que también afectan al agro, está por definir si el nuevo gobierno está dispuesto a apostarle a la soberanía alimentaria. Al abrir la renegociación y de acuerdo con la máxima de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” el nuevo gobierno, tendría que estar dispuesto, incluso, a denunciar el tratado. Sin embargo, lo que debe tenerse presente en la renegociación de los TLC, si es que llega a darse, es devolver a los productores nacionales el control sobre el mercado interno de manera tal que quienes trabajan en el agro, puedan cumplir con su deber que es producir alimentos nutritivos y suficientes para los colombianos y gozar de su derecho a hacerlo en su propio mercado nacional.

Hasta donde se logrará la aspiración de campesinos, indígenas, empresarios agrícolas nacionales y trabajadores del agro dependerá del nuevo gobierno, pero sobre todo de que el agro unificado luche por alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.

^*Director Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana. c.e: ogutier51@gmail.com