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Dignidad Agropecuaria Colombiana, Bogotá, octubre 6 de 2014

Diversos gremios agropecuarios hemos realizado desde hace varios años, y en especial a partir de febrero de 2012, las más grandes movilizaciones de las últimas tiempos para exigir al gobierno nacional soluciones a la grave crisis que padecemos. En la elaboración de los pliegos de peticiones presentados al Ejecutivo para las mesas de negociación, y en las duras experiencias vividas durante las dos largas décadas de aplicación de políticas neoliberales, los productores acumulamos conocimiento sobre nuestra realidad y las necesidades fundamentales del sector.

En la lucha social agraria, quienes constituimos Dignidad Agropecuaria Colombiana también hemos tenido en cuenta la política económica aplicada por otras naciones en procura del crecimiento, la equidad y la prosperidad.

Fue la sumatoria de las enseñanzas nacionales e internacionales lo que permitió elaborar el presente programa para el desarrollo del sector agropecuario, centrado en la defensa de la producción, el trabajo y la soberanía nacional alimentaria de los colombianos. Los siguientes puntos mínimos, con los que se compromete Dignidad Agropecuaria Colombiana, son condición indispensable para alcanzar dicho objetivo.

1. Renegociación de los Tratados de Libre Comercio vigentes ante la enorme lesión causada a la producción y al trabajo agropecuario y pesquero colombiano; así también, ratificamos la oposición a la firma de nuevos acuerdos que vayan en contravía del interés nacional.

2. Suspensión progresiva de importaciones de todos los géneros agropecuarios y pesqueros que pueden producirse en el territorio colombiano, hasta garantizar el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria nacional.

3. Establecimiento de normas y medidas que penalicen y garanticen el control efectivo a las distintas modalidades de contrabando.

4. Luchar por la aplicación de una política macroeconómica que viabilice una tasa de cambio competitiva y estable, que contribuya en la protección de la producción agropecuaria nacional e impulse las exportaciones.

5. Obtener presupuesto nacional, abundante y sostenido para que se ejecuten de manera eficiente y transparente las funciones propias del desarrollo agropecuario, priorizando la pequeña y mediana producción.

6. Garantía estatal de precios de sustentación y de compra de los productos del agro.

7. Construcción de una red de almacenamiento y transformación que garantice la conservación, la agregación de valor y el mercado regulado de los productos.

8. Supresión de las exigencias abusivas contra los productores por parte de quienes ejerzan posición dominante, oligopolio o monopolio en cualquiera de los eslabones de las cadenas productivas, bien en la provisión de semillas, agroinsumos y similares, o bien en el comercio y adquisición de las cosechas. Estas prácticas desleales serán severamente sancionadas.

9. Garantía estatal de créditos de fomento, suficientes, de fácil acceso, oportunos y con tasas de interés preferenciales, acompañados de mecanismos automáticos de alivio o condonación en caso de pérdidas por comercialización, problemas fitosanitarios o fenómenos climáticos; eliminación de los reportes de centrales de riesgo como requisito del otorgamiento crediticio.

10. Establecimiento de seguros de cosecha, Postcosecha y riesgo cambiario, con cubrimientos climáticos, fitosanitarios y de comercialización, otorgando subsidios que permitan el acceso efectivo de productores pequeños y medianos; se propenderá porque los procesos de bancarización excluyan estos grupos de labriegos.

11. Control eficaz a los precios y a la calidad de los insumos, combustibles y energías necesarios para la producción. Los agroinsumos que no se elaboren en el país tendrán arancel cero. Eliminación de IVA a maquinaria, herramientas e insumos de uso agropecuario y pesquero, trasladando este beneficio al productor rural.

12. Fabricación por parte del Estado de los fertilizantes básicos a partir del fortalecimiento y ampliación de FERTICOL, complementado con empresas regionales que fabriquen insumos para la producción agroecológica. Esta área será considerada, mediante una Ley, como estratégica para la economía colombiana.

13. El Estado se responsabilizará y financiará, para el conjunto del sector agropecuario, la investigación básica y aplicada y la transferencia de tecnología, como una política central para conservar la oferta ambiental, preservar los ecosistemas e impulsar la productividad y eficiencia. El sistema de tecnología rural, deberá | ser amigable con el medio ambiente y en el acompañamiento técnico a la producción y comercialización estarán inmersos los profesionales y técnicos agropecuarios y deberá ser un bien gratuito, público y universal. La educación rural deberá ser pertinente con las realidades y entorno campesino.

14. El Estado responderá por la protección y restauración de las zonas de producción agropecuaria, páramos, humedales, ciénagas, ríos y riberas, bosques y demás recursos naturales, semillas nativas y de producción nacional, incluyendo los habitantes, de los nefastos efectos causados por los megaproyectos de la llamada locomotora minero energética.

15. Se fomentarán e impulsarán las organizaciones de pequeños productores de economía solidaria y cooperativa, acompañado por el estímulo estatal a espacios permanentes de comercialización, como una estrategia para modernizar y estimular la economía campesina.

16. Cumplimiento estricto del artículo 64 de la Constitución Política, que establece el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, así como a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social y demás indispensables para el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales y para el mejoramiento de su calidad de vida. Se luchará contra todo intento de extranjerizar la propiedad de la tierra.

17. Inversión estatal sostenida en bienes de uso público para la producción agropecuaria tales como carreteras secundarias y terciarias, distritos de riego y almacenamiento de aguas, electrificación, agua potable y saneamiento básico. Igualmente, en la infraestructura indispensable para la prestación de los servicios ligados a los derechos fundamentales de la población rural.

18.- establecer un sistema fiscal que favorezca y estimule la producción agropecuaria y pesquera, así como la legalización y titularización gratuita de los predios campesinos.

19. Respeto de los derechos históricos, las políticas de arraigo y las costumbres ancestrales de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Observancia plena de los convenios internacionales protectores de las comunidades étnicas y campesinas. Incluir el derecho a pensión digna de los pequeños campesinos.

20.- El marco de la política pública agraria debe incluir una perspectiva de género, sobre la base de reivindicar los derechos universales, indivisibles e interdependientes de la mujer campesina.

Este programa incluye la lucha por una política que favorezca la industria necesaria para complementarla, privilegie el mercado interno y propenda al desarrollo autónomo de Colombia.

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