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Peñalosa y los mercados campesinos: Duro golpe a la producción agropecuaria nacional

Bogotá, 7 de Abril de 2016

El martes 5 de abril productores y campesinos agropecuarios de los departamentos de Meta, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, agremiados en más de 12 organizaciones, entre ellas, la Asociación de Mercados Campesinos – ASOMERCAMP; AGROCOMUNAL; la Fundación San Isidro; la Asociación de Usuarios Campesinos -ADUC, la Federación de Cooperativas FENACOA; Acción Campesina- ACC y la Confederación de Juntas de Acción Comunal – CONFECOMUNAL, se manifestaron en las afueras de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, exigiendo al secretario Freddy Castro la renovación de los convenios de los mercados campesinos, que se desarrollan desde 2004 y se encuentran paralizados por el gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa. Este programa beneficia a más de 2000 productores, campesinos y trabajadores agropecuarios que lograron aumentar sus ingresos en un 129% gracias a la comercialización de sus productos sin intermediación, a su vez, permite que los alimentos orgánicos se vendan un 12% más barato que otro tipo de establecimiento, favoreciendo la seguridad alimentaria que permite el desarrollo de la producción y el trabajo agropecuario.

El Secretario Castro en entrevista con la FM expresó que la administración distrital no cuenta con los recursos económicos necesarios para continuar con este proyecto y los convenios se encuentran en revisión ya que el actual modelo no facilita el autosostenimiento de los mercados campesinos, lo que los obligaría a buscar nuevas fuentes de financiación que pueden ir desde una Alianza Público Privada hasta la privatización. Esta medida concuerda con la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos de acabar con la protección al desarrollo de la producción agropecuaria entregando el mercado interno a transnacionales de alimentos, como lo viene haciendo con los Tratados de Libre Comercio; la política de importaciones; los elevados costos de los insumos; las dificultades por el alto costo para acceder al crédito; los problemas en la cadena de distribución; las pésimas vías de transporte y la inexistencia de un precio justo para la comercialización de los productos. Del mismo modo, los consumidores se ven obligados a adquirir alimentos importados que tienen un alto costo por estar supeditados al precio del dólar, impactando negativamente el bolsillo de las familias.

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuario enfatizó en que los mercados campesinos “son un medio expedito para quitarle de alguna manera la producción a aquellos especuladores que nos compran bien barato pero que vienen y venden lo más caro posible”. Llamó a la unidad de todos los productores, campesinos y trabajadores agropecuarios para derrotas las políticas que arruinan a quienes dependen de la producción agrícola nacional. Por último, invitó a una masiva participación en el referendo agropecuario nacional que tiene por objetivo proteger y fomentar la producción nacional agropecuaria en sus diversas formas y el trabajo que de ella se deriva. Intereses que se ven reflejados en la defensa de los mercados campesinos como herramienta para garantizar la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria. José Efraín Gil del equipo coordinador de AGROCOMUNAL señalo que es falso el argumento del Secretario Castro de que los pequeños y medianos productores agropecuarios no se ven beneficiados ya que en la realización de los mercados campesinos participan más de 70 comités campesinos municipales, así mismo, instó al gobierno distrital a asegurar los recursos necesarios para la continuidad de este plan alimentario.

Esta política de Enrique Peñalosa golpea directamente los ingresos de más de 2000 productores y campesinos, no fomenta el desarrollo agropecuario nacional, acaba con el empleo agropecuario y pone en riesgo la seguridad alimentaria de Bogotá que es abastecida en un 80% por alimentos de estos departamentos. En consecuencia, el gobierno distrital debe mantener los mercados campesinos orientados a favorecer y proteger la producción, el trabajo agropecuario y la seguridad alimentaria de la ciudad. 

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