Bogotá, 9 de diciembre de 2015

En repetidas ocasiones Dignidad Agropecuaria Colombiana ha expresado sus glosas y rechazo a la Ley Urrutia Zidres, disposición que les niega a los campesinos, a los empresarios nacionales del campo, a los trabajadores rurales y a las comunidades afros e indígenas el ejercicio de sus derechos constitucionales y solo favorece los intereses de los monopolios del agro-negocio mundial y al capital especulativo que los respalda.

Según la Constitución, la Ley 160 de 1994 y las sentencias de la Corte Constitucional, los baldíos deben ser entregados a campesinos y trabajadores rurales sin tierra. Sin embargo, la Ley Urrutia Zidres les dará la explotación de millones de hectáreas de baldíos a grandes inversionistas extranjeros y nacionales. La situación no fomentará un uso eficiente de la tierra y permitirá la creación de un mercado especulativo de compra venta de los derechos de explotación sobre los baldíos a costa de los derechos de los sujetos de reforma agraria.

La Ley Urrutia Zidres además les limitará el ejercicio del derecho a la propiedad privada a todos los propietarios de tierra amparados por una Zidres, quienes no tendrán opción de decidir si quieren o no que sus predios sean incluídos en esas zonas. Imposición que también padecerán los Alcaldes y Concejos de los municipios ubicados en los límites de las Zidres, sin que el gobierno nacional les dé la posibilidad de pronunciarse. Esta Ley les quita los derechos constitucionales a Alcaldes y Concejales, a los productores agropecuarios, a los campesinos, a los trabajadores rurales sin tierra y a las comunidades afros e indígenas.

La ley también implementa la agricultura por contrato, modelo que solo favorece a intermediarios-operadores como Cargill e Indupalma y descarga todos los riesgos asociados a la producción agropecuaria sobre los campesinos, los empresarios nacionales y los trabajadores rurales. Es una ley para facilitar el acaparamiento de tierras que solo beneficia a especuladores de la tierra y a grandes capitales del agro-negocio. Con esta disposición legal, sumada a los TLC vigentes y a los que tiene en capilla el gobierno como el TPP y a la aceptación de las imposiciones de la OCDE, se les niega a los productores colombianos la posibilidad de producir los alimentos que necesita la población colombiana y se protege la producción extranjera en contra de la nacional.

La Ley Urrutia Zidres, además, extranjeriza las tierras nacionales, concentra más la riqueza rural, no fomenta el uso eficiente de la tierra, niega sus derechos a millones de habitantes del campo y está al servicio de los capitales especulativos. Es una pésima forma de legislar. Por eso Dignidad Agropecuaria Colombiana le solicita al Senado de la República hundir este proyecto y al gobierno de Juan Manuel Santos no continuar insistiendo en fórmulas legales que no permiten que en el campo colombiano se desarrolle un modelo dual, donde convivan empresarios con campesinos, indígenas, afros y trabajadores, todos prósperos.