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LEY CONTRA EL HAMBRE ¿ULTRAPROCESADA?

TATIANA MOSQUERA FERRO

Maestra en Derechos Humanos

Consejera del COSEA de Boyacá por Dignidad Agropecuaria Colombiana

Ante el hecho de que un grupo de senadores y la presidencia de la república tomen interés por el problema del hambre que azota a los colombianos, agudizada en la pandemia del COVID 19 y por la inflación que está viviendo el país y el mundo, tener la iniciativa de impulsar un proyecto de ley que enfrente esta problemática, enmarcado en el cumplimiento del primer capítulo de los acuerdos de la Habana, cuando hay más de 7,3 millones (El Espectador 2022) de personas aguantando hambre y Colombia es el quinto país con los alimentos más caros del mundo y el segundo de la región (La Republica 2022), cifras que denotan un preocupantes índices de inseguridad alimentaria, es significativo que se ponga el tema en el escenario nacional.

El proyecto de ley 1155 de 2022, se propone establecer un programa de emergencia de lucha contra el hambre, “creando” el Fondo para la Soberanía Alimentaria y los Distritos Agrarios para la Soberanía. Es importante mencionar que el proyecto es una de las principales propuestas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro para el sector agropecuario y para la mitigación del hambre, sin embargo; el proyecto solo tiene dos elementos nuevos, las autonomías alimentarias  y los distritos agrarios, porque el resto está contemplado en el CONPES 113 de 2008 “La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” del gobierno de Uribe y en el “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” del gobierno de Santos.

Si bien es cierto el espíritu de este proyecto busca que se garantice el derecho a la alimentación y nutrición adecuada y el avance hacia la soberanía alimentaria, es difícil que se consiga mediante el programa propuesto en esta ley, debido a que el proyecto redefine la soberanía alimentaria, quitándole la responsabilidad al Estado de garantizar y proteger la producción nacional de alimentos, a regular la producción y el precio de los mismos, y a proteger el mercado interno, dejándole la responsabilidad a las “personas, comunidades o pueblos”. Asimismo, elimina el derecho a la seguridad alimentaria -que también debe ser protegido por el Estado puesto que es el único que puede garantizarlo- ya que es “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 2018). Al redefinir la soberanía alimentaria y la eliminación al derecho de la seguridad alimentaria le quita toda la responsabilidad al Estado y a los gobiernos de turno de salvaguardar el aparato productivo agropecuario nacional y el mercado interno, lo que puede conllevar, a depender de las importaciones de alimentos y de las multinacionales, y a generar más hambre.

Otro factor especial que tiene el proyecto de ley es la protección a la producción de los pequeños productores, priorizando a los de agricultura campesina, familiar y comunitaria de la Ley 2046 de 2020, cuestión que está bien, sin embargo; es preocupante la desprotección a los pequeños productores que no se enmarcan en ella, y a los medianos y grandes productores nacionales, que son grandes aportantes a la soberanía y seguridad alimentaria.

Son buenas las intenciones de la iniciativa parlamentaria y gubernamental, pero el proyecto de Ley 1155 de 2022, debe tener varias modificaciones como: la no redefinición de la soberanía alimentaria, incluir el derecho a la seguridad alimentaria, poner al Estado como principal garante de la producción nacional agropecuaria la soberanía y la seguridad alimentaria, e incluir a los pequeños (que no se enmarcan en la Ley 2046), medianos y grandes productores nacionales en el programa de emergencia.

Finalmente, es clave recalcar que para que los colombianos no sufran de hambre, se debe disminuir la desigualdad económica, proteger la producción nacional agropecuaria, renegociación de los TLC, impulsar la producción de insumos agropecuarios nacionales, aumentar el poder adquisitivo de la población, disminuir el costo de los alimentos garantizando la rentabilidad de los productores, mejorar los canales de comercialización y distribución de alimentos, y controlar la inflación.

Referencias

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). «Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONPES 113.» Bogotá, 2018.

El Espectador. «“La situación del hambre en Colombia sí es crítica”: Bancos de Alimentos.» 3 de febrero de 2022.

La Republica. «Colombia es el Quinto País con los Alimentos más Caros del Mundo y el Segundo de la Región.» 8 de septiembre de 2022.

Un pensamiento en “LEY CONTRA EL HAMBRE ¿ULTRAPROCESADA?

  1. Mas claro no puede ser, muy bien por Tatiana y sus respectivos aportes, realmente ella siempre ha estado empapada del tema agrario y gran líder del sector.

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