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La Reforma Laboral y el agro

Abril 28, 2023

Óscar Gutiérrez

Director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana.

El gobierno nacional —Presidencia y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social— presentó al Congreso de la República un texto de reforma laboral. Un asunto, sin duda, del mayor interés para los productores agropecuarios, entendidos estos como campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores y empresarios agrícolas nacionales que conocen la necesidad de atender las prestaciones sociales de sus trabajadores —a quienes también interesa esta reforma laboral—, pero que saben que alcanzar la plenitud de las prestaciones no debe ser tarea solamente de aquellos que arriendan la tierra o cultivan la propia. 

Un análisis de la situación de los trabajadores del sector, y del sector mismo, nos permitirá plantear con claridad unas reflexiones para el debate que ya empezó y que debe adelantarse con las cifras económicas y en democracia. La estigmatización, el sectarismo y el debate “a piedra y a lodo” no permitirán lo que al menos desde Dignidad Agropecuaria Colombiana queremos alcanzar, que no es otro objetivo distinto al de avanzar en la atención y solución de un asunto crucial para el desarrollo del agro nacional.

Hoy en día, el agro nacional está compuesto por los siguientes sectores productivos.

  1. Los grandes empresarios nacionales y extranjeros que desarrollan tareas permanentes en grandes plantaciones y complejos agroindustriales y que cumplen, en general, con las prestaciones sociales de los obreros agrícolas.
  2. Los empresarios nacionales que contratan trabajadores permanentes en algunos aprovechamientos agrícolas y que también —por la naturaleza de sus cultivos— contratan trabajadores ocasionales o temporales —andariegos los llaman en el café—. Estos empresarios les pagan algunas de las prestaciones a sus trabajadores permanentes, pero tienen graves limitaciones —no solo por parte de ellos sino también de los trabajadores— para cumplir con los aportes pensionales, las aseguradoras de riesgos profesionales, la salud y el resto de las prestaciones laborales de los trabajadores temporales.
  3. Los pequeños y medianos empresarios que no tienen cómo atender estos derechos laborales a los trabajadores que contratan para tareas de siembra o recolección o para cualquiera de las labores necesarias para sostener el cultivo y que, en la gran mayoría de los casos, ni siquiera pueden pagarse a sí mismos dichas obligaciones.
  4. Los campesinos y comunidades indígenas que desarrollan tareas de siembra de alimentos o cultivos como el café, el cacao, la palma aceitera, la papa y otros tubérculos, frutas, hortalizas y muchos cultivos de pancoger, pero que no obtienen ingresos suficientes y tampoco disponen de capital para atender esos compromisos. 
  5. Los trabajadores del agro temporales o permanentes. Cuando son temporales, tienen unas realidades de contratación en las que pueden estar en la misma semana trabajando en dos o tres fincas, o desarrollando tareas que les pagan a destajo o por el día trabajado.

    Muchísimos, miles de ellos, viajan por el país, de cosecha en cosecha, sin tener ninguna de las prestaciones sociales y trabajando por la labor realizada que pactan de acuerdo con las condiciones del mercado laboral y con el precio al que venden sus productos quienes los contratan. En muchos periodos, escasamente ganan para la alimentación y la dormida, aunque, debe decirse también, hay periodos en los que alcanzan ingresos superiores al mínimo legal mensual.

Casi todos los sectores del agro y pecuarios están afectados en su rentabilidad por los Tratados de Libre Comercio (TLC), las circunstancias derivadas del costo país, los precios de los insumos, los bajos precios en períodos de abundante cosecha, el costo del crédito, las imposiciones de monopolio de grandes comercializadores, la falta de bienes públicos, carreteras e infraestructura, el contrabando, el cambio climático y otros problemas más.

Hacer un análisis de los costos de producción de cada producto, un análisis que ojalá sea histórico, permitiría saber si con los costos laborales derivados de la aprobación de la Reforma Laboral para el sector agropecuario se  les podría garantizar a los productores de los principales productos algo que no han tenido durante muchísimos años, y es unos precios justos que recojan los costos de producción, incluyendo los costos laborales, y una tasas de utilidad y ganancia que les permitan —bien sea que produzcan en sus tierras o en tierras alquiladas— una utilidad igual o cercana a la tasa media de ganancia del capital en el país.

Hemos solicitado y buscado en los datos de diversas instituciones los promedios históricos de venta y con dificultad hemos encontrado que en cuanto a los productos de exportación sus utilidades o pérdidas no dependen, en el sentido estricto de la palabra, de los productores, sino de los intermediarios que compran en el país para exportar y que son casi todos, a su vez, agentes de compra de las multinacionales. 

En el consumo nacional de varios productos también están presentes, en volúmenes muy importantes, multinacionales e intermediarios que importan al país no solo alimentos sino insumos, y que terminan imponiendo precios de compra a los productores y, cuando importan, también precios de venta a los consumidores. Hay en los principales insumos y alimentos importados un monopolio sobre el comercio exterior colombiano. 

En el café, el arroz, la mayoría de los granos y otros alimentos, como cacao, aguacate Hass, azúcar y otros, hay precios de monopolio —exportadores que manipulan el mercado— y en la compra a los productores hay también monopolios que controlan la comercialización, incluso subsidiarias de multinacionales que importan y exportan.

Hay que recordar a nuestra audiencia y lectores que la etapa en la que estamos es la del “libre comercio”, que tuvo su comienzo con la política de apertura económica de Cesar Gaviria y que se desarrolló a partir de ahí hasta alcanzar los Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados y suscritos por Uribe y Santos y aplicados por quienes los han sucedido en el gobierno nacional. 

Esto es importante de comprender a fondo, ya que dichos tratados llevarán a que casi todas las mercancías que produce el agro y también la industria tengan aranceles cero. Esto, a su vez, significa que las mercancías originarias de los países con quienes tenemos tratados de libre comercio ingresen al país sin pagar aranceles y compitan con las nuestras. 

Asunto de la mayor importancia es señalar que en esos países tienen subsidios internos de muchos tipos para su producción, lo que les da una ventaja que no nos permite competir en igualdad de condiciones. Ello conlleva la pérdida de renglones de producción nacional como ya ha sucedido en algodón, cebada, maíz amarillo, trigo, sorgo, soya y otros que hacen parte de las leguminosas, así como parte del arroz y de la leche y sus derivados, los cuales, si la situación continúa, serán también objeto de desplazamiento y ruina debido a la toma del mercado nacional por la producción extranjera. 

En estas condiciones, se deben definir unos precios piso, a los cuales estén obligados a comprar los comercializadores, de forma tal que los productores puedan saber lo que van a ganar para atender sus costos —incluidos los laborales— y planificar su inversión, diversificar cultivos y abastecer de alimentos a los colombianos. Es un deber derrotar las importaciones de alimentos que, según denuncia de la ministra de Agricultura, ya llegaron a 15,5 millones de toneladas en 2022. Y, para eso, es indispensable renegociar los TLC. 

Algunos rasgos de la situación de los trabajadores agrícolas y pecuarios

En la exposición de motivos de la reforma laboral (página 78) se afirma: “las siguientes cifras muestran que en Colombia la regla general es tener una forma atípica de contratación y que son muy pocas las personas que se encuentran con un contrato típico de trabajo. En efecto, teniendo en cuenta que del total de ocupados asalariados o formales (alrededor de 9 millones de trabajadores de un total de 22 millones de ocupados), en la franja de personas entre 25 y 64 años solo el 52,5% tiene un contrato a término indefinido, cuestión que se agrava en las personas más jóvenes ya que en la franja de personas entre los 15 y 24 años solo el 30,5% tiene un contrato a término indefinido”. La siguiente tabla ilustra mejor la informalidad en las relaciones laborales que vive el país. 

Ocupados según posición ocupacional y tipo de contrato promedio 2021 y 2022 (Cifras en miles)

“Para un empresario que pague mensualmente todos los componentes de la seguridad social en salud y pensiones y demás prestaciones sociales, un trabajador de un salario mínimo mensual vigente (SMMLV) le cuesta $1.927.007, es decir que los costos mensuales de seguridad y prestaciones sociales son del 66,1%. Si a este costo se le adiciona el correspondiente al incremento de los recargos nocturnos entre 6 pm. y 9 pm., el costo total mensual sería de $2.081.372. Es decir que el sobre costo se elevaría en 13,3%”. En las páginas 97 y 98 de la exposición de motivos están las cifras.

En cuánto al jornal agropecuario creado en el Artículo 30 de la reforma, se define en el parágrafo 1: “En ningún caso el jornal diario agropecuario será inferior al salario mínimo diario legal vigente o al pactado en convención colectiva sectorial más el factor prestacional que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía, valor al que además deberán adicionar el 4% por concepto de subsidio familiar, el cual será pagado directamente al trabajador o trabajadora”.

Y, ¿cómo es la informalidad laboral que se vive en el campo colombiano?

También lo dice la exposición de motivos: “Como se ha podido apreciar en anteriores apartes de esta exposición de motivos, la brecha entre el mundo urbano y rural colombiano, en cuanto a temas del mundo del trabajo es muy marcada, lo cual significa que en el mundo rural las condiciones de trabajo difícilmente puedan contar con alguna característica del trabajo decente”.

“Como se puede apreciar en la tabla, las cifras de los territorios rurales colombianos demuestran la precariedad del trabajo, los bajos ingresos y la pobreza a la que son condenados los campesinos y campesinas colombianas”. 

“Claramente, la cifra más alarmante es la de informalidad, que llega a un 84,2% de los trabajadores rurales, lo que quiere decir que casi la totalidad de los trabajadores del campo no tienen las mínimas garantías y derechos laborales que nuestra legislación consagra y muy seguramente sus ingresos son muy bajos e inseguros, lo que explica los altos índices de pobreza monetaria, monetaria extrema y multidimensional”.

Ahora bien, la pregunta es sencilla: ¿son los productores agropecuarios, entendidos como campesinos, comunidades afros e indígenas y empresarios agrícolas nacionales, capaces de atender con la actual situación las obligaciones derivadas de los nuevos costos de mano de obra inmersos en la reforma laboral?

Si se trata de grandes multinacionales y grandes productores empresariales, creemos que no hay duda de que pueden atender las nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral. Sin embargo, el asunto es si los demás sectores agropecuarios podrán atender esa nueva realidad. La respuesta es que creemos que no será posible —para la inmensa mayoría— atender esas obligaciones de aprobarse la reforma como está planteada. Las explicaciones son varias:

  1. Los TLC, que permiten el ingreso de alimentos con precios que, casi siempre, están por debajo de los precios de nuestros productores. La razón de esto es sencilla: los adelantos científicos y tecnológicos, el desarrollo en todos los aspectos de esas economías y los inmensos subsidios que les transfieren a los agricultores y ganaderos en esas naciones les permiten entrar a nuestro mercado con precios de venta que están por debajo de sus costos de producción.
  2. El país no dispone de un sistema de referencia y control de precios que les permita a nuestros productores nacionales fijar unos precios piso a los que estén obligados a comprar los intermediarios y las cadenas de comercialización y distribución de alimentos. Eso hace que el ingreso de nuestros campesinos, indígenas y productores nacionales sea inestable. De hecho, la mayoría de las veces no les permite recoger todos los costos de producción y menos aún atender debidamente sus obligaciones laborales y gozar de una tasa media de ganancia.
  3. La tasa media de ganancia de la sociedad es aquella que nace de evaluar lo que rentan los capitales, el capital invertido en cualquier negocio, frente a lo que rentan en otros negocios. La explicación es sencilla. Los capitales rentan en relación con otros capitales colocados en los diversos sectores económicos de una sociedad. Si, por cualquier motivo, hay un negocio que renta más, los capitales se desplazan hacia ese negocio, volviendo a disponer de una tasa media de ganancia.
  4. La única manera de garantizar ingresos para los productores agropecuarios que les permitan recoger sus costos, todos, y obtener una ganancia, es fijando precios piso a los cuáles estén obligados a adquirir los productos quienes participen en la cadena de compra, distribución y comercialización. Sin ese prerrequisito, no será posible tener ingresos que permitan garantizar que la producción agropecuaria de pequeños y medianos no se vea abocada, periódicamente, a la quiebra económica.
  5. Sin embargo, debemos buscar la manera de atender —al menos— las prestaciones esenciales de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores que no tienen como pagárselas. Por eso, desde Dignidad Agropecuaria Colombiana, proponemos la creación de un Fondo Nacional de Pensiones del Sector Agropecuario —que puede tener varias subcuentas dependiendo del sector—, el cual sea alimentado por el gobierno nacional —como ingreso central del FNPSA— y al que además aporten, en justa proporción, empresarios, comercializadores y trabajadores. La reglamentación del FNPSA deberá empezar por carnetizar a obreros y propietarios de pequeñas parcelas para que puedan acceder, con los años, a una pensión. 
  6. En cuanto a las demás prestaciones, deberá acordarse cómo atenderlas, teniendo en cuenta que los riesgos profesionales y la salud son prioritarios y deben ser atendidos también por el Estado. Para eso se requiere hacer ajustes en el SISBEN y, con las modificaciones, garantizar que los obreros agrícolas temporales, a destajo u ocasionales, gocen de ese derecho. Igual para riesgos profesionales, ya que esa prestación está ligada a la salud y a la vida y, para garantizarla, es indispensable la presencia del Estado en la financiación y el sostenimiento.
  7. Hay otras prestaciones que, dependiendo de los precios que tengan los productores, podrían atenderse. Para eso, debería contemplarse la implementación progresiva y selectiva de las demás prestaciones laborales propuestas en la reforma laboral. Si no hay modificaciones sustanciales en la comercialización y la definición de precios piso, creemos que no será posible      atender esos nuevos costos de producción. 

También proponemos que se cree una mesa para el análisis detallado de la reforma laboral, en la que estén representados los Ministerio del Trabajo y de Agricultura, las comisiones V y VII del Congreso de la República y las organizaciones de productores agropecuarios.

Precisamos, entonces, nuestras propuestas: precios piso para los productos agropecuarios, creación del Fondo Nacional de Pensiones del Sector Agropecuario (FNPSA), revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), definición de márgenes para la tasa de ganancia del sector y una serie de políticas públicas que permitan reducir los costos de producción para tener alimentos más baratos para los colombianos. 

Un pensamiento en “La Reforma Laboral y el agro

  1. Sr Oscar Gutierrez, interesante documento.
    En alguna parte se puede considerar la situación de los extensionistas, técnicos y profesionales que trabajamos unos pocos meses al año y las condiciones de ingresis y seguridad social son muy precarias para la mayoria.

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