Comité Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Nacional, Bogotá, noviembre 1 de 2019

Pasada la campaña electoral, de la cual participaron muchísimos dirigentes de las diversas Dignidades, se hace indispensable dedicar nuestro esfuerzo a atender dos asuntos de especial interés para nuestra organización.

Uno, el que tiene que ver con la Ley de Páramos y, otro, el relacionado con las deudas bancarias de los productores agropecuarios. Sobre ambos temas hemos expresado nuestra opinión, pero, la intensidad que adquieren nos obliga a asumir un compromiso mayor para defender a los afectados.

Sobre los endeudados con los bancos, desde hace varios años, hemos adelantado muchas actividades, se tramitaron varias Leyes, decretos y resoluciones, pero, con eso y todo, los problemas continúan, se agrandan y se agravan. Miles de productores corren el riesgo de perder sus tierras. Sus deudas están en cobro jurídico. Solo con el banco agrario alcanzan la cifra de 1 billón 300 mil millones de pesos y el número de afectados, aunque no se ha podido precisar con las fuentes autorizadas, sobrepasa los 100 mil afectados.

Queremos proponerle al gobierno una política de alivio de deudas que permita alcanzar soluciones sobre la base de condonar parte del capital adeudado, los intereses de mora y cobros de abogados. Política que, además, debe ir acompañada de un tiempo suficiente para la recuperación productiva y crediticia de los afectados.

La propuesta se presentará la semana entrante en reunión especial concertada con Finagro, Ministerio de Agricultura y Banco Agrario. Realizada la reunión se informará sobre la misma y explicará en que consiste la propuesta acordada por las diversas dignidades.

El segundo asunto es la Ley de Páramos. En esencia creemos que es una Ley que, aunque sustentada en la protección del ambiente, el agua y demás recursos naturales de esos ecosistemas, en realidad genera desalojo y empobrecimiento de los paramunos.

Dignidad presentó, ante el Honorable Magistrado de la Corte Constitucional Luís Guillermo Guerrero Pérez, un alegato sobre la demanda parcial del artículo 10 de la referida Ley. La semana entrante la Corte Constitucional hará una audiencia pública sobre este asunto.

Allí expresaremos la opinión de Dignidad Agropecuaria y otros, directamente afectados, también lo harán. Esperamos que la contradicción sea resuelta como señalamos en el escrito referido: “En vista de lo expuesto, en nombre de Dignidad Agropecuaria Colombiana, le solicito a la honorable Corte Constitucional no aceptar las pretensiones de declaratoria de inexequibilidad del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018, y que si se toma alguna decisión que afecte al artículo en comento, sea para moderarlo y permitir construir un régimen de transición democrática que proteja el páramo pero que haga posible la coexistencia de la agricultura y la protección ambiental. Ninguna medida de protección puede hacerse desplazando a los habitantes tradicionales paramunos”.

En estos dos asuntos centraremos nuestras acciones y para ello constituiremos comités de deudores y nos movilizaremos, en compañía de otras organizaciones sociales, solicitando soluciones eficaces para tan preocupantes asuntos. En ese camino hemos aceptado la invitación de la Mesa Nacional de Páramos para participar en un plantón frente al palacio de justicia que se hará el 6 de noviembre y la de la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones para participar en la paralización nacional del 21 del mismo mes.