Febrero 7, 2023

Visité, invitado por familiares, el suroeste del estado de la Florida. A más de la agradable estadía con ellos, tenía el interés de conocer algunas realidades de la vida de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, así fuera en parte, ya que no es igual en todos los estados.

En particular, quería visitar la sede de una organización de trabajadores agrícolas que desarrolló una poderosa lucha para alcanzar unos cambios que les permitiera, de alguna manera, derrotar la esclavitud que, en muchos aspectos, se vivía en su entorno. No se si aún es así en algunos condados o zonas agrarias, pero deseaba conocer la experiencia de esos migrantes de México, Guatemala, Haití y otros, para saber cómo lograron lo que lograron y aprender de su experiencia.

El estado de la Florida, para cesar la guerra de secesión y consolidar los Estados Unidos, pidió que se le respetara la prohibición de formar sindicatos en la construcción y en las labores agropecuarias. Esa decisión creó una gran dificultad para la organización de los trabajadores de esos sectores, negándoles la posibilidad de presentar pliegos de peticiones, tener negociaciones colectivas, ejercer el derecho a la huelga y demás principios democráticos en las relaciones de empleadores y empleados.

Esta prohibición, aunada al hecho de que una porción muy importante de los obreros es inmigrante, muchos de ellos ilegales, facilitó que quienes los contrataban abusaran de ellos no solo en lo laboral, la salud, lo salarial sino, además, fueran discriminados, violentados y en el caso de las obreras sufrieran acoso sexual y violencia física y verbal. Toda esta condición detestable es lo que ellos denominan esclavitud moderna.

Y contra esta, precisamente, se unieron los trabajadores. Desde 1993 crearon la Coalición de Trabajadores de Immokalee, CIW, a través de la cual lograron, en un largo proceso de aprendizaje, enfrentar la realidad que padecían y alcanzar modificaciones importantes en sus condiciones de vida y trabajo. Immokalee es un sitio que hace parte del condado de Collier, en el estado de la Florida; allí donde nació la CIW.

Al no poder tener organización sindical y ante el hecho de que quienes los contratan no son los dueños de las empresas, sino terceros que trabajan para los “ranchos” —como llaman a las poderosas compañías que producen los alimentos, en este caso el tomate—, los trabajadores no tenían ni con quién, ni cómo tramitar sus reclamos. Tan difícil era su condición que cuando quisieron hablar con los “rancheros”, estos mandaron a decir que ellos “no necesitaban que sus máquinas les dijeran cómo dirigir sus empresas”.

Esta situación los llevó, después de alcanzar algunos éxitos en reclamaciones jurídicas y penales por los abusos, a plantearse la necesidad de escalar sus reclamos. Su estrategia fue contar su situación a quienes compran a las empresas su producción, pero, sobre todo, explicar a los ciudadanos a través de vigorosas campañas, las condiciones en las que laboraban.

Apoyados en la fuerte presión ejercida por las iglesias —de todos los cultos —, los jóvenes —en especial los universitarios—, los ciudadanos y ellos mismos, lograron convencer a esas empresas compradoras de tomate de que debía haber un trato justo para los obreros agrícolas. Los convencieron, también, de que una forma de lograrlo era crear un programa, al que llamaron Comida Justa.

Este programa proponía que se pagara, inicialmente, un centavo de dólar más por cada libra de tomate comprada a las empresas productoras. Ese dinero se juntaría y repartiría, en forma de bonificación proporcional, entre todos los trabajadores, según el trabajo desarrollado por cada uno de ellos en la labor.

Después de muchas manifestaciones y plantones, lograron que las grandes empresas que compran tomate se comprometieran a pagar un centavo más por libra y que las empresas que lo producen, para poder vender, se vieran obligadas a cumplir una serie de normas de seguridad en el trabajo y de conductas frente a sus trabajadores.

En caso de incumplimiento, las empresas compradoras dejan de comerciar con esos grandes productores. Y no hablamos de cualquier comprador. Dicho con nombres propios, se trata de monopolios de comidas rápidas o de distribución de bienes básicos, entre ellos, Burger King, Bon Appétit, Chipotle, Subway, Taco Bell, Trader Joe’s, Walmart, Sodexo, Aramark, The Fresh Market y otras que se siguen vinculando al programa de Comida Justa, gracias a la presión de los ciudadanos.

En resumen, los logros del programa Comida Justa significan para los trabajadores agrícolas un aumento en sus ingresos semanales, derivados del valor adicional asumido por los grandes compradores, el cual se convierte en un fondo que los productores deben distribuir entre los trabajadores y en mejores condiciones de seguridad y trato en el trabajo.

En la realidad de nuestro país, miles de campesinos y trabajadores agrícolas temporales —cosecheros como comúnmente se llaman— no tienen cómo ahorrar para tener, al final de su vida laboral, una pensión que les permita disfrutar de una vejez digna. Quienes los contratan, regularmente, no tienen ingresos para cubrir las prestaciones sociales (salud, pensión y riesgos laborales).

Una manera de resolver este asunto es luchar para que los grandes exportadores paguen un precio justo por nuestro café. En el resto del sector agropecuario, los costos laborales se deben incluir en los costos de producción y reconocerlos en el precio que se paga a los productores.

Esta gráfica de la evolución del precio del café FOB, durante 200 años, está ajustada a la inflación. El precio actual del café es casi la mitad del precio de hace 200 años. Además, puesto a precios constantes, hoy nos pagan por el café USD $1,78 dólar la libra, cuando nos deberían pagar USD $4,18 dólares libra. Y, si se incluyen las prestaciones de los trabajadores, deberían ser USD $5,50 dólares.