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Carta al Señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural: Las deudas de los productores agropecuarios y el decreto 486 de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Comité Ejecutivo Nacional Dignidad Agropecuaria Colombiana, Manizales, marzo 30 de 2020

Señor

Rodolfo Zea Navarro

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá

 

Cordial saludo

 

Hace pocos días estuvo en su despacho el Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Tratamos varios asuntos que reseñamos posteriormente en una carta que radicamos -por medios virtuales y a través de su secretaria privada-. En dicha carta, sobre el asunto de la referencia que nos ocupa -desde hace casi ocho años- expresamos lo siguiente:

 

“Siguiendo el derrotero de lo conversado empecemos por señalar que, así sea en medio de las dificultades que nos aquejan, se debe presentar el proyecto de Ley de Alivio de Deudas o -por la emergencia económica y social decretada- expedir un acto administrativo que arrope las soluciones que requieren los productores del agro endeudados y con procesos de remate de sus propiedades. La propuesta que se presentó contempla los siguientes aspectos:

 

  1. Quitas de capital que deben ser por lo menos de hasta el 70% de los créditos originales
  2. Rebajas totales de intereses de mora y corrientes
  3. Costos judiciales asumidos por el Estado
  4. Para el resto del pago de capital plazos de diez años, con cinco en periodo de gracia y cuotas iguales los otros cinco años y sin intereses.
  5. Los deudores acogidos a esta solución serán excluidos automáticamente del reporte y calificación del sistema financiero y serán objeto de nuevos créditos para recuperar su condición de productor agropecuario.

 

El gobierno nacional, en esta dolorosa situación, debe dar apoyo a los productores endeudados” Y, agregamos ahora, debe incluir no solo deudores de los bancos si no, también, de las cooperativas financieras. De otra parte, el decreto de emergencia económica, social y ecológica 486 del 27 de marzo de 2020 dice en su artículo segundo lo siguiente:

 

“Dada las afectaciones en el sector agropecuario por la Emergencia Económica, Social y Ecológica, con la finalidad social de facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores para que haya liquidez en el campo colombiano, facúltese al Banco Agrario de Colombia S.A., y a Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago cartera a los productores agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora, así como quitas de capital en los términos y límites fijados por el Gobierno nacional, a favor de quienes hayan calificado como pequeños o medianos productores al momento de tramitar el respectivo crédito según la normatividad del crédito agropecuario, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante decreto 417 de 2020.”

 

Teniendo en cuenta y tomando como base las realidades de los deudores, pequeños y medianos y el decreto 486 de marzo 27 de 2020, le solicitamos que en la reglamentación de dicho decreto incluyan las peticiones hechas por Dignidad Agropecuaria Colombiana y que, además, se busque la inclusión de alivios de deuda para productores agropecuarios, que no califican dentro de la reglamentación de pequeños y medianos, pero que requieren del mayor respaldo del Estado para sortear las dificultades que atraviesan y continuar con su labor de producir los alimentos que tanto va a necesitar el país en esta emergencia.

 

También le solicitamos se incluya en reglamentación que pueda expedir el FONSA -en la Junta Directiva virtual que realizará el 3 de abril- la compra de cartera de los productores agropecuarios con el agro comercio, tema que está estudiado por el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y Finagro. Creemos, de igual forma que, en medio de esta realidad, se pueden tomar decisiones que permitan incluir en los alivios financieros a deudores -con garantías hipotecarias- y cuya cartera fue vendida a casas de cobro como CISA, COVINOC y otras. Debe incluirse a deudores afectados por cualquiera de las razones que contempla la Ley del FONSA, sin limitaciones y de todas las cadenas agrícolas o pecuarias y que, debido a que el Fondo no dispone de recursos, nunca fueron incluidos. El reporte de dichos afectados reposa en el ministerio de agricultura.

 

Queremos señalarle que están dejando de comprar, grandes mayoristas y distribuidores, algunos alimentos por dos motivos: la inseguridad en las carreteras y el menor consumo que se está presentando de algunos de ellos. Quesos, papa y otros productos -no solo de clima frío- están quedando en el campo o vendidos a muy bajo precio. También preocupa, en la producción agroindustrial, el etanol. El gobierno debería, dada la emergencia sanitaria, suspender transitoriamente la importación de alimentos o bienes agrarios que podemos producir en el país, sin desabastecer claro, el mercado nacional y, de ser necesario, comprar a los productores las cosechas con precios remunerativos y estables.

 

Finalmente, reseñamos que se están presentando retenes ciudadanos o de autoridades municipales para impedir el ingreso de “desconocidos” a zonas cafeteras. El afán de las gentes es protegerse, pero eso puede llevar a una escasez de recolectores para la cosecha cafetera por eso, insistimos en medidas sanitarias que den tranquilidad -a unos y otros- para adelantar las labores agrícolas.

 

Cordialmente;

 

Comité Ejecutivo Nacional

Dignidad Agropecuaria Colombiana

 

Manizales, marzo 30 de 2020

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