DIGNIDAD AGROPECUARIA COLOMBIANA, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, julio 28 de 2020

En Colombia hay 350.000 familias ganaderas, cuyas vacas producen 7.300 millones de litros de leche al año.  La mayoría de esta producción concentrada en pequeños y medianos propietarios.  Del total de litros cerca de la mitad lo absorbe la industria formal.  El resto se distribuye entre queseras, otros actores artesanales, los cruderos y el autoconsumo en finca.  El volumen de producción es suficiente para el consumo del país que se estima en 6.900 millones de litros anuales. Pese a lo anterior Colombia firmó varios tratados de libre comercio que involucran al sector lácteo, entre ellos los de Estados Unidos y la Unión Europea.

En los últimos años los productores han logrado mantener alguna rentabilidad por cuenta de la regulación que tiene el precio de la leche, especialmente las referidas en la resolución 017 de 2012, que define un precio piso acorde a calidad y unas bonificaciones que son “voluntarias” por parte de la industria.  Regulación que sin embargo ha tenido varios intentos de ser modificada o desmontada.  La leche es uno de los pocos productos que cuenta con mecanismos de fijación de precios, así no sean perfectos. Dignidad Agropecuaria ha señalado en ese sentido que los precios pagados a los productores deben ser remunerativos y estables, de tal manera que al menos permitan recuperar los costos de producción y obtener una ganancia justa.

Ese mercado está amenazado por los Tratados de Libre Comercio que firmaron los últimos gobiernos y que permiten el ingreso leche en polvo, quesos, lacto-sueros, leche maternizada entre otros derivados.  Productos que debido a los subsidios de sus países de origen llegan más económicos al país y resultan en un negocio para quienes pueden importarlos.

El año pasado en leche en polvo, ingresaron al país 52.265 toneladas, y este año a 31 de mayo ya se contaban 16.729 toneladas.  Un cálculo ajustado podría llevarnos a más de 42.000 toneladas, que sumado a los demás derivados podría llegar a 60.000 toneladas.

Al tiempo en que se incrementan las importaciones la industria se queja por los precios que paga a los productores, alegando que es muy alto y que no resulta competitivo.  Por ello han insistido en definir el pago a los productores de acuerdo al precio internacional de la leche.  Medidas como la reducción de compras o disminuir el precio, tal como sucedió con el anuncio de Alpina hace algunos días es muestra de ello y demuestra que para la industria procesadora resulta mejor y más barato comprar afuera los derivados de la leche que pagarles un buen precio a los productores colombianos.

La salida que plantea el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y del Misterio de Comercio, Industria y Turismo sigue siendo la del libre comercio.  En la última mesa técnica donde se reunieron algunos gremios, los dos ministerios y la industria, acordaron un plan de 4.000 millones de pesos para atender la crisis.  Dicha cifra se dividirá en 1.000 millones para exportaciones de excedentes y otros 3.000 millones como incentivo al almacenamiento.  Esto significa que además de usar recursos de la cuenta de estabilización de precios del Fondo Nacional del Ganado, que debería servir para atender las necesidades de los ganaderos, se entregarán aportes a la misma industria por almacenar excedentes.

El incentivo a la exportación termina también en manos de la industria importadora, porque los mismos que podrían exportar son los que compran los derivados lácteos por fuera del país. El mecanismo para el apoyo a exportaciones será el del precio internacional, entonces la diferencia entre el precio internacional y el precio interno es lo que se toma para compensarlos.  Ahora resulta que con el dinero de los ganaderos termina financiándose a las grandes empresas.

Se requiere soluciones de fondo sobre las importaciones porque en la medida en que sigan incrementándose se verán cada vez más reducidos los ingresos de los productores. Más aún cuando para el año 2026 los aranceles de derivados lácteos serán del 0% para el caso del TLC con los Estados Unidos e igualmente del 0% en el 2028 para el TLC con la Unión Europea.

Con esto queda claro que el efecto de las importaciones es negar a los productores la mínima remuneración que necesitan. Dignidad Agropecuaria insiste en que las relaciones deben estar definidas de tal manera que cada eslabón de la cadena reciba precios remunerativos y estables.  Entonces no se trata de relaciones de solidaridad en la cadena láctea o apelando a la solidaridad de los productores, sino de la exigencia de relaciones comerciales justas, sobre la base de proteger a los productores nacionales que generan trabajo y riqueza.  Es necesario renegociar los TLC, para garantizar trabajo e ingreso para los colombianos e incrementar el consumo de alimentos, entre ellos la leche.